QUINTO CyT 3era semana 22 de abril
Proyecto ambiental mina Tía María , La Tapada
La situación ha obligado incluso a que se expresen autoridades locales y regionales, como lo hizo la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el diálogo”.
La Southern Perú, cuenta con un largo historial que provocó las primeras reacciones de rechazo ya por el año en 2010, después de que se conociese que planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó finalmente a la empresa a desecharlo.
Entre 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.
Tras los disturbios y víctimas fatales, la empresa elaboró otro estudio de impacto ambiental en el que planteó la desalinización de agua de mar para la extracción del mineral a tajo abierto, en reemplazo del agua del río. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó en 2014, con vigencia hasta agosto de este año, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que nunca consiguió.
A principios de Julio, fuentes empresariales filtraron la noticia de que Southern obtenía la autorización para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se negó a confirmar a la prensa dicha versión. Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado en el que afirmaba que “Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social más favorable”.
A diferencia de la aprobación de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre Tía María. Por ello, el jefe del Estado peruano, Martín Vizcarra, ha recibido críticas desde varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los dos yacimientos de cobre de Tía María, sino además de Congresistas de diversos partidos políticos que le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de “traidor”.
Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron iniciar un paro indefinido, en coordinación con las juntas de riego y otras organizaciones sociales. Según una reciente encuesta del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la licencia de construcción de la mina.
Mientras en la capital de la región, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones, el sistema de salud ha decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.
“Southern, como otras empresas de la gran minería, quiebran el sindicalismo con el poder económico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni las multas por infracciones laborales”, critica Jorge Juárez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros de Perú. Sostiene, además, que Southern carece de buenos antecedentes porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: “El 70% de los trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ningún derecho”.
Los cortes de ruta en la región de Islay y las constantes movilizaciones obligaron al Presidente Vizcarra a acceder a “dialogar”, intento que como han expresado numerosos dirigentes locales, no es más que una burla después de haber aprobado la licencia para que se desarrolle el proyecto minero.
El proyecto Tía María pone en cuestionamiento, una vez más, como sucede en toda América Latina, el proyecto extrativista / depredador.
Por eso entendemos indispensable el apoyo sin mediaciones a las movilizaciones en contra de Southern y el Gobierno que la protege a lo largo y ancho del país.
El estado de movilización y las dinámicas de las mismas parecen decir, que a pesar de las presiones de las multinacionales mineras y el gobierno, una vez más en Arequipa y en todo el Perú se escuchara más fuerte que nunca ” Tía María no va”
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA, EL PARAÍSO DE LAS AVES
Las lagunas de Mejia, es el mayor atractivo natural de la provincia de Islay; asimismo una de las áreas protegidas de gran importancia de la región de Arequipa. Debido al gran papel que desempeña; resguardando grandes poblaciones de aves migratorias y residentes, algunas de ellas en peligro de extinción. Asimismo, es habitad de otras especies como peces, sapos, lagartinas, nutrias, entre otros.
El Santuario Nacional Lagunas de Mejia, cuenta con 3 fascinantes lagunas, Boqueron, Iberia y Mejia, todas ellas con miradores instalados estratégicamente para disfrutar de lo maravillo que nos ofrece la naturaleza en cuanto a su flora y fauna. Además, este santuario posee diferentes tipos de ecosistemas como salinos, totorales, pantanos, playas arenosas, entre otros; en el cual podrás apreciar distintos tipos de animales en su propio hábitat.
Sin duda alguna, una visita a las Lagunas de Mejia, es la mejor opción que usted puede elegir. Si se trata de disfrutar de la naturaleza y de pasada las playas de Mollendo ¡No deberían perderse una alternativa de viaje como ésta!
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Los argumentos técnicos de los agricultores del
Valle del Tambo frente al caso Tía María [1] El proyecto
minero Tía María ha sido materia de debate nacional en los últimos días, y se
han planteado diversas posiciones desde todas las posiciones políticas a
favor o en contra de la ejecución de esta mina. Sin embargo, escasos
argumentos técnicos han respaldado este debate. La opinión
pública todavía no tiene claro de qué manera Tía María podría generar graves
impactos sociales y ambientales en su zona de influencia en las condiciones
actuales del proyecto. El ministro de
Energía y Minas Francisco Ísmodes ha señalado que en el caso de Tía María se
debe buscar el diálogo, dejando de lado posturas políticas, y centrando el
debate en los aspectos técnicos. Si bien toda opción que se toma frente a
este caso termina siendo política, el presente artículo se centra en analizar
justamente aquellos elementos técnicos que no han sido resueltos por la
empresa Southern en su Estudio de Impacto Ambiental, y que generan
preocupaciones sobre los reales impactos que puede generar la ejecución de
esta mina. Imagen:
CooperAcción Los
fundamentos de la oposición al proyecto minero Tía María en relación al
segundo EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 1)El primer
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María es la base del
segundo. Cuando se evalúo el primer EIA, la población presentó observaciones
señalando que los impactos no estaban adecuadamente dimensionados y que con
el proyecto se estaba poniendo en riesgo el valle y sus principales
actividades económicas. La respuesta
del gobierno del presidente Alan García fue que esas preocupaciones eran
infundadas y que estaban basadas en el desconocimiento. Cuando la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) emitió 138
observaciones sobre el EIA, ante un pedido del Estado Peruano, el EIA no pudo
ser aprobado y fue irregularmente declarado inadmisible[2]. De las 138
observaciones emitidas por la UNOPS, el 31% eran por componentes omitidos,
23% por datos insuficientes y 24% por desarrollo insuficiente. Es decir, el
78% de las observaciones tenían que ver con serias deficiencias en la
elaboración del EIA, que lo hacían insalvable. Por tanto, las deficiencias y
omisiones en los que había incurrido este primer EIA, eran por lo demás
evidentes. Esto nos recuerda lo señalado por Felipe Ramírez, ex Director de
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) que en julio de
2010, ante más de 80 empresarios, afirmó que la demora en la aprobación del
EIA no se debía a la tramitología, sino a la falta de información básica, la
subestimación de los impactos y plagios (ausencia de investigación propia)
que presentaban estos estudios, lo que hacía además que se incrementara el
trabajo de los evaluadores, exhortando a las empresas a mejorar la calidad de
los EIA. 2) Esta
situación no ha sido superada, todo lo contrario. El año 2013, los
empresarios mineros comenzaron una
campaña que se ha prolongado hasta el día de hoy. Afirman que la demora en la aprobación de
los permisos ambientales fue la causa de la caída de las inversiones, una
afirmación bastante cuestionable, pues la caída de las inversiones en minería
fue un fenómeno mundial asociado a la caída internacional de precios de los
minerales. Los
empresarios lograron cambios que debilitaron fuertemente los instrumentos de
gestión ambiental. Entre ellos, establecieron la imposibilidad de hacer
repreguntas ante una respuesta no satisfactoria a una observación realizada y
el que se catalogara como infracción la demora en la evaluación de un EIA,
considerándola, además, falta grave. En ese marco se aprueba el segundo EIA
de Tía María. 3) En la
actualidad, nuevamente se dice que la población de Islay rechaza el proyecto
por desconocimiento, que Southern ha corregido sus errores y no existe mayor
fundamento para alarmarse por los impactos que podría generar Tía María.
Pero, es importante saber que durante la evaluación del segundo EIA, las
organizaciones sociales lideradas por las Juntas de Usuarios (que no son
precisamente campesinos pobres), contrataron a una serie de profesionales
para formular observaciones (ninguno de los cuales pertenecía a las ONG). Si
uno revisa el expediente administrativo del EIA, se encontrará con sendos
documentos técnicos presentados por estos profesionales que cuestionaban
diversos contenidos de este nuevo EIA.
La pregunta es ¿por qué esos argumentos no han sido conocidos
públicamente? Creemos que por dos razones: la dificultad de los actores
sociales para expresar directamente esa argumentación técnica y el prejuicio
existente de que lo técnico sólo está al alcance de quienes tienen poder y
dinero. 4) ¿Cuáles
son esas objeciones de parte de la población sobre las que se debería centrar
el debate? – El caso
revela un conflicto de intereses entre la empresa minera Southern y los
agricultores del Valle el Tambo. Hay una primera discusión de costo-
beneficio entre las actividades económicas actuales del valle y la minería. – Otro gran
cuestionamiento es si ambas actividades pueden convivir en un mismo
territorio. Esto es lo que no queda claro. – Un elemento
del contexto es que en el valle del río Tambo, las personas, animales y las
actividades económicas se abastecen de agua de este río y de sus canales. Un
canal sumamente importante es el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo,
infraestructura que abastece en un 100% de agua para el consumo humano al
poblado de Cocrachacra y para riego y consumo humano e industrial a La
Ensenada, Mejía y Mollendo. El promedio anual es de 31.5 m3/s. La tendencia
muestra un decrecimiento de 3m3/s que estaría influenciado por el Proyecto
Pasto Grande. En periodos
de estiaje, el río Tambo tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos,
cloruros, aluminio, arsénico y plomo, por lo que deviene en agua de mala
calidad para el consumo humano y, por las sales, de mala calidad para la
agricultura. Agravar esta situación sería un gran problema para el valle. El acuífero
aluvial que sustenta el río Tambo tiene 90 Km2 de extensión. Este acuífero
aporta el 50% del caudal en épocas de avenidas y el 100% en época de estiaje. Los
componentes mineros se ubicarán en varias quebradas: Posco o Rosa María,
Salinas, Cachuyo, Chuli, Quialanque y tres quebradas sin nombre. – Una primera
objeción de naturaleza ambiental, es que varias de las observaciones y/o
recomendaciones de la UNOPS no habrían sido levantadas o acogidas como por
ejemplo: las que corresponden a los numerales 134, 142, 147, 194, 199, 239 y
252. – Otra está
referida a los riesgos de dispersión del polvo, que proviene de un yacimiento
con sulfuros. En una operación se produce polvo con las voladuras, el
chancado y el depósito de sulfuros o desmonte. Por ello, es sumamente
importante estudiar la dirección de los vientos. Si bien en la zona del
proyecto los vientos van de manera predominante hacia el Nor-Este, esa
predominancia varía (hacia Sur Este) en las diferentes estaciones del año y
entre el día y la noche por la presencia de los vientos locales (brisas
marinas). Esto no se encuentra suficientemente estudiado, por lo que las
partículas PM10 y PM2.5, que quedan suspendidas en el aire por su diminuto
tamaño podrían llegar hasta el valle y depositarse en aguas superficiales,
suelos y cultivos. La UNOPS, en
su observación numeral 142 y 143, manifestó su preocupación por la ubicación
de la planta de chancado primario de La Tapada por su proximidad al Valle
Tambo y de los depósitos de desmonte de La Tapada y Tía María, ya que se
encuentran en una quebrada que incide en el poblado de Cocachacra y sobre el
río Tambo. En el numeral 147 expresa su preocupación por los posibles cambios
en la calidad del aire. Por ello, recomendó reubicar la planta de chancado
primario y el depósito de desmonte del tajo de La Tapada (numeral 199), algo
que solo se movió ligeramente. Además,
desde una imagen satelital se puede apreciar la proximidad de la planta de
Chancado de La Tapada al valle y a los poblados de Cocachacra, Chucarapi,
Pampa Blanca y El Fiscal. – Otro tema
cuestionado es el número y ubicación de las estaciones de monitoreo del aire
y muestreos realizados. Se han instalado solo cuatro estaciones de monitoreo:
a 400 metros de las oficinas administrativas de la empresa, a 800 metros del
poblado de Cocachacra camino al ingenio Obando, a 200 metros de la plaza del
poblado La Ensenada y a 100 metros de la orilla del mar, en el área donde se
construirá la planta desalinizadora. No existe estación de monitoreo en el
valle, el poblado El Fiscal (observación y recomendación de la UNOPS 239 y
252 respectivamente no levantadas), el poblado de Chucarapi, los tajos, las
plantas chancadoras, entre otros, lugares en donde se podrían generar serias
afectaciones. – El EIA no
toma en cuenta el potencial contaminante del polvo que proviene de un
depósito de sulfuros (posibilidad de generar Drenaje ácido de roca – DAR) en
contextos de neblina estacional ordinaria y de ocurrencia de fenómenos
extraordinarios de El Niño (FEN).
Además, en la zona existe lomas y no se ha adjuntado información sobre
la variabilidad pluvial en ellas durante un FEN extraordinario, pese a que
existe información de Lomas de Mejía de 1997-1998 que puede ayudar a
ello. Esto trae a colación la
recomendación que hizo UNOPS en el numeral 194 de evaluar el potencial del
DAR de los desmontes de Tía María y La Tapada ante escenarios de precipitación
cambiante. – Los
depósitos de desmontes provenientes de los tajos La Tapada (47 has) y Tía
María (145 has) estarán ubicados en la Quebrada Cachuyo, que es perpendicular
al río y al Valle de Tambo y en pendiente. De otro lado, el depósito de
sulfuros (ahora más grande que en su diseño inicial) se encuentra aledaño al
yacimiento La Tapada, en quebrada y en pendiente, y su drenaje igualmente va
en sentido de la pendiente y con dirección al río Tambo. La ubicación en
quebrada podría dar lugar a la generación de DAR según lo señalado por la
observación contenida en el numeral 167 de la UNOPS. Estos depósitos no se
han movido de esas quebradas, según lo indica el nuevo EIA, por lo que
podríamos decir que la observación de UNOPS se mantiene. -Además, en
el EIA se dice que no hay riesgo de generación de aguas ácidas[3] porque la
precipitación (lluvia) es de tan solo 2,36 mm/año. Sin embargo no se toma en
cuenta que la humedad relativa de la zona del tajo La Tapada está entre el 50
a 80% durante el año. A ello hay que añadir que los yacimientos de La Tapada
y Tía María se encuentran en las Lomas de Pampa Yamayo y la Quebrada Cachuyo
y que entre junio y setiembre hay un manto neblinoso que se precipita
lentamente. – Otro tema
es el riesgo que sufriría el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo. Este canal
toma el agua del río Tambo, en la parte baja de la zona de extracción del
tajo La Tapada, a una distancia de 1.25 Km del tajo y a una cota inferior a
130 mt. de altura. Los impactos ambientales (partículas sedimentables, gases
y vibraciones) podrían desencadenar daños a la infraestructura y
contaminación. El canal está expuesto a caídas de roca que resulta altamente
probable en contextos de voladuras simultáneas (en un determinado momento los
tajos de La Tapada y Tía María, se explotaran simultáneamente) y de activación
de la falla geológica Yanamayo que atraviesa en forma perpendicular el área
donde se ubican los dos tajos. Esto no habría sido considerado en la
evaluación de los impactos ambientales. – En los
yacimientos de La Tapada y Tía María hay presencia de sulfuros. Cuando se
exploten ambos tajos, existe el riesgo de generar aguas ácidas cuando entren
en contacto los sulfuros y la napa freática. En promedio desde la cota 229
msnm hacia abajo, el acuífero puede entrar en contacto con la capa de
sulfuros del tajo de La Tapada. UNOPS recomendó en el numeral 185 la
cuantificación del potencial DAR cuando los tajos se encuentren explotando
las áreas de sulfuros y ripios, y tomen contacto con aguas subterráneas.
Además de ello, cabe recordar que la zona de los tajos está expuesta a
neblinas. – Otra
preocupación es la posible conexión de las aguas subterráneas de la zona de
los tajos con el río Tambo. Sobre este punto el estudio no es concluyente por
no haberse aplicado bien el modelo. El especialista portugués en
hidrogeólogía y Dr. en Ingeniería de Minas Luis Tavares Riveiro, señala que
los resultados de la aplicación del modelo no son rigurosos porque están
asociados a altos grados de incertidumbre. La gran discusión es si el
acuífero es fracturado o no. Tavares
señala que el agua subterránea se encuentra entre los 6 y 3000 mt. Que el
acuífero donde se almacena el agua es de gran heterogeneidad, con áreas
distintas de circulación, influenciadas por una red de fracturas. Cuestiona
el código computacional empleado para la modelación del flujo del agua
subterránea en un medio hidrogeológico fracturado porque parte de supuestos
errados: que el flujo de agua es laminar y que el acuífero equivale a un
medio poroso. Señala que lo que se encuentra en esta zona es de un medio
hidrogeológico fracturado, donde las velocidades son dependientes de las
formas y características de las fracturas. Si bien el
estudio concluye, sin rigor, que la formación rocosa de la zona de los tajos
es una uniformidad de baja permeabilidad[4], en las pruebas de permeabilidad
del estudio hidrogeológico se dice que hay un amplio rango de valores de
permeabilidad que indican zonas de permeabilidad moderada y discretas y otras
de menor permeabilidad (a mayor permeabilidad mayor flujo de agua), recomendándose
nuevas exploraciones hidrogeológicas para caracterizar el flujo del agua
subterránea. Además, el estudio
hidrogeológico no toma en cuenta el efecto combinado que tendrán las
voladuras, con la profundidad de la extracción de minerales y la falla
geológica. Pese a sus
deficiencias, el estudio hidrogeológico de 2013 dice que hay evidencia de
drenaje del acuífero fracturado hacia la zona de deyección del río Tambo.
Existiría una filtración permanente al sur-oeste de los tajos y al sur de la
zona de procesamiento. Sobre esta red de drenaje el estudio hidrogeológico
recomienda incorporar (esto quiere decir que no se ha hecho) al modelo
conceptual el fracturamiento regional y las condiciones estructurales como
características discretas, para explicar mejor el comportamiento del agua
subterránea en la dirección horizontal y vertical. -El estudio
hidrogeológico no cuenta con una base empírica completa para medir el nivel y
los flujos de agua de la napa de la formación rocosa donde se instalaría y
operaría el proyecto, ya que no se instalaron piezómetros en zonas críticas.
Por ello existen altos niveles de incertidumbre para establecer la conexión
física entre el acuífero de la zona de operaciones y el río Tambo. Así
tenemos que la zona de La Tapada y el río Tambo no tienen medición porque no
se trabajó con piezómetros en esa zona[5].[6] – No queda claro el origen del agua para
abastecer los campamentos. – En cuanto a
los impactos de la planta desalinizadora, el nuevo EIA no define la calidad
del agua salobre del mar en la Playa El Sombrero, ni identifica el agua
subterránea de la quebrada de Chuli que se descarga debajo de la playa y en
el mar. No es posible analizar el impacto porque no se registra el valor de
la salinidad del agua de mar en el área de captación y de conducción
pre-descarga de salmuera. El EIA se
aprobó sin que la planta desalinizadora contará con un estudio de ingeniería
a nivel de factibilidad que permitiera determinar sus impactos. -Existe
incertidumbre sobre los impactos que puede traer la extracción de agua
salobre en la Playa El Sombrero y la descarga de Salmuera contaminante en la
capacidad de sobrevivencia del ecosistema marino salobre y la zona expuesta
del Santuario Nacional Lagunas Mejía. – En el EIA
se menciona una demanda nominal de agua de 847m3/hora y luego se menciona
otra de 1049.5 m3/hora, lo que implicará una modificatoria posterior de las
plantas desalinizadoras. – La zona de
influencia indirecta excluye el canal Ensenada Mejía Mollendo, el río Tambo,
el área agrícola del valle y los centros poblados expuestos a los posibles
impactos mencionados. Esto porque su cálculo se hizo, midiendo hasta 200 mt
de distancia desde el límite de la zona de influencia directa. – A ello se
suma, la posibilidad que existe de que a este proyecto se sumen otros más, ya
que la provincia de Islay se encuentra en un 58% concesionada. – Otro tema
de incertidumbre es el comportamiento cuestionable de la empresa que existía
hasta el 2014. Así tenemos que entre el 2011-2014 tuvo 11 sanciones de OEFA
en el Perú, una millonaria multa en México por derrame de sulfatos en dos
ríos y la suspensión de la adjudicación de la mina Aznalcollar en Sevilla
(España). Además, recientemente un alto funcionario de esta empresa viene
siendo procesado por contaminación del medio ambiente en modalidad culposa. Por lo
expuesto, y recogiendo las declaraciones del Ministro de Energía y Minas que
se colocan al inicio de este artículo, consideramos desde CooperAcción que el
debate técnico sobre el proyecto Tía María de no se ha dado de manera
suficiente y rigurosa y es necesario tenerlo. Esta ausencia da cuenta de la
debilidad de nuestras instituciones. Esperamos que este caso sirva para que
se fortalezca el sistema de evaluación de impacto ambiental, a fin que no se
dé luz verde a proyectos que pueden generar riesgos de afectación del
ambiente y de otras actividades productivas. [1]Artículo
que resume la publicación “Aportes Técnicos que Cuestiona la Viabilidad del
Proyecto Minero Tía Marían en Islay-Arequipa”, publicado por Red Muqui y
CooperAcción en noviembre de 2015. [2] La
declaración de inadmisibilidad corresponde al inicio del procedimiento
administrativo, no cuando ya se encuentra en la fase de levantamiento de
observaciones. [3] Se genera
con la exposición de los sulfuros como el Fe S2, al agua y oxígeno. [4] A mayor permeabilidad habrá mayor flujo
de agua [5] Luis Tavares Ribeyro señala que para
reducir las incertidumbres que presenta el estudio hidrogeológico presentado
con el EIA del año 2013 se debe: realizar levantamientos geofísicos y/o
geomagnéticos en la zona para identificar si las fracturas actúan o no como
vías para la circulación del agua; nuevas pruebas de bombeo para la obtención
de propiedades hidráulicas, incluido el coeficiente de almacenamiento, con
interpretación de resultados en base a modelos analíticos de medios
fracturados; uso de trazadores para avalar la trayectoria de contaminantes,
implementación de piezómetros para mejorar la calibración; utilización de un
nuevo código computacional para simular el flujo de agua subterránea en
medios fracturados. [6]
También el estudio hidrogeológico recomienda colocar piezómetros en
varios lugares clave como: entre la zona de La Tapada y el acuífero aluvial;
un piezómetro para determinar el comportamiento del acuífero fisurado y
evaluar su relación e interacción con el acuífero aluvial y otro entre el
tajo La Tapada y el río Tambo. |
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EVIDENCIA
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ELABORAR UN TRIPTICO:
ilustrándola adecuadamente y que
respondan entre otros a las siguientes preguntas: 1.
¿Cuáles son esas objeciones de parte de la
población sobre las que se debería centrar el debate? 2.
Según la lectura ¿qué manifiesta La UNOPS(Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), en su
observación numeral 142 y 143 ? 3.
¿Qué impactos traerá al Santuario Nacional
Lagunas Mejía. ? 4.
¿Dónde estarán ubicados los depósitos de
desmontes provenientes de los tajos La Tapada (47 has) y Tía María (145 has)
y que efectos negativos representa? 5.
Qué concluyes respecto al riesgo de generar
aguas ácidas cuando entren en contacto los sulfuros y la napa freática y las
filtraciones con aguas subterráneas del valle debido a la cercanía de su explotación? |
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